Traslado de los ataúdes de la primera exhumación
de víctimas del franquismo en Casas de Don Pedro
El gobernador civil convoca a Felisa en su despacho de
Badajoz, al que acude días más tarde acompañada de su marido. Allí, les
prohíbe, “de forma tajante, cualquier tipo de manifestación de contenido
político y la exhibición de todo tipo de símbolos partidistas”. La historiadora
reproduce el testimonio de Felisa Casatejada: “No saquen las banderas, no digan
ningún viva fulano, ni viva beltrano, vivas no quiero ninguno, porque ustedes
van a ir muy vigilados; aunque usted no vea a la Guardia Civil, la Guardia
Civil la va a estar viendo a usted; y si dicen algún viva o llevan alguna
bandera, conste que usted pagará, a usted la cogen y usted pagará”. Estamos en
el alabado año 1978, ya se han celebrado las primeras elecciones democráticas,
pero el miedo sigue bien vivo. Felisa no se atreve a replicar al gobernador
pero en toda una vida de sufrimiento ha aprendido las tretas del débil, el
coraje emboscado tras la aparente aceptación. Cuando sale del despacho, su
determinación es clara: “¿Cómo perros? ¡Ya los mataron como perros! Así no”.
El alcalde, el cura y los dueños de la finca Las Boticarias
han prestado su conformidad, apoyos que serán fundamentales para el éxito de la
iniciativa. El 13 de mayo de 1978, bien temprano, comienza la búsqueda con una
excavadora. A las 13:10 aparece una bota y después los primeros huesos del
crimen. La rabia y la emoción se funden. Al final de la tarde tres ataúdes
están repletos de huesos y enseres de los asesinados, la prueba de la
escabechina realizada (como ha demostrado concienzudamente Fernando Barrero
Arzac, en ese emplazamiento fueron fusilados el 15 de mayo de 1939, 51
personas, entre soldados del campo de concentración de Zaldívar y vecinos de la
localidad). Los restos serán velados dos noches en el campo, del mismo modo que,
meses después, en julio, durante la segunda exhumación, serán custodiados en la
entrada del pueblo por la carretera de Talarrubias. “Pasamos la noche allí,
toda la familia, todos los que pudieron acudir. Había rumores de que iba a
venir un grupo de extrema derecha”, recuerda Santiago Mijarra. La presión de
los sectores ultraderechistas de la comarca y la provincia hacia el alcalde y
el cura es grande. Pero la firmeza de las familias y la adhesión de los vecinos
serán aún mayores y vencen. A la mañana siguiente, 39 años después de la
matanza, los féretros recorren las calles del pueblo a hombros de las familias,
cubiertos por banderas socialistas y comunistas y acompañados por más de 600
personas.
La presión de los sectores ultraderechistas de la comarca y
la provincia hacia el alcalde y el cura es grande. Pero la firmeza de las
familias y la adhesión de los vecinos serán aún mayores y vencen.
“El pueblo desentierra sus muertos. La Guerra civil acabó en
Casas de Don Pedro, un pueblo cualquiera de Badajoz, el 15 de mayo de 1978”,
así iniciaba su crónica José Catalán Deus, el reportero de Interviú, único
medio de comunicación que informó del acto. En los periódicos regionales, que
recogen habitualmente incluso las noticias más triviales –de ahí que se les
suela calificar con cierta sorna como hojas parroquiales- no apareció ni una
sola letra. Ni de esta ni de la inmensa mayoría de las 37 exhumaciones
realizadas a lo largo de los cinco años siguientes. El historiador Guillermo
León realizó un estudio minucioso sobre el tratamiento informativo que
recibieron en el diario Hoy entre 1977 y 1982. De las nueve noticias
aparecidas en ese tiempo, solo dos superaban las 150 palabras y solo en una de
ellas se acompañaba de una fotografía, amén del discurso común a todas ellas,
elusivo sobre el significado de los actos y descontextualizado. “La prensa
regional jugó un papel silenciador, similar a la de tirada nacional”, concluía
la investigación.
A pesar de la trascendencia que la guerra civil había tenido
en la provincia de Badajoz, tanto “por la magnitud de la represión franquista”
como por el hecho de “ser escenario bélico hasta marzo de 1939”, se decretó el silencio
en la prensa regional y estatal. Como afirma el antropólogo Francisco
Ferrándiz, “Interviú fue el único canal de expresión que existía en España
en aquellos años para hablar de eso”. Décadas más tarde, cuando disertar sobre
la memoria histórica no sea ya un trance embarazoso, algunos políticos e
historiadores intentarán desacreditar esa labor de Interviú, a toro
pasado, tildándola de sensacionalista. Ojalá hubieran tenido entonces, en
aquellos años de ocultación, el coraje cívico y la honestidad que demostraron
periodistas como José Luis Morales o José Catalán Deus.
El pulso de la memoria. Torremejía: embargando vacas,
fortificando olvidos.
La apertura de las fosas en Casas de Don Pedro y la
publicación en una revista de amplia difusión como Interviú suponen
un revulsivo enorme para el incipiente movimiento de la memoria en Extremadura.
En La Rioja, Asturias o Galicia se abren paso iniciativas similares e incluso
en alguna, como Navarra, las exhumaciones cuentan con el apoyo de los párrocos
locales.
Los emigrantes extremeños curtidos en el emergente
movimiento obrero, los albañiles o los vendimiadores que protagonizan las
huelgas de los 70, los campesinos que ponen en pie las guerras del tomate o del
pimiento, los colonos que se oponen a la aberración nuclear...
El embrionario movimiento es uña y carne con las luchas
populares que se despliegan en la región y en todo el país. Los emigrantes
extremeños curtidos en el emergente movimiento obrero, los albañiles o los
vendimiadores que protagonizan las huelgas de los 70, los campesinos que ponen
en pie las guerras del tomate o del pimiento, los colonos que se oponen a la
aberración nuclear, serán quienes alcen en sus pueblos la enseña de la memoria
antifascista. La manifestación que se celebra el 14 de agosto de 1977 en
Badajoz expresa bien esa sinergia de reivindicaciones populares; a la
convocatoria asisten más de 9.000 personas - según el diario Hoy- y en ella se
anudan la oposición a la central nuclear de Valdecaballeros, la reivindicación
de la bandera y autonomía extremeñas y la memoria de la matanza de Badajoz.
“El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida
misma, cuando combate”, escribió Walter Benjamin. El melón de la Transición
está abierto y la memoria se sitúa como un asunto crucial que alimenta y se
alimenta de las luchas del presente. “Yo creo que en España este problema de la
ocultación y de la Guerra Civil, es muy concreto y está muy politizado. Diré,
metafóricamente, que el pacto de la Moncloa implica el olvido”, afirmará con
lucidez el controvertido Jorge Semprún. O reforma continuista con el franquismo
o ruptura democrática, ese es el dilema que se dirime en cada artículo de la
Constitución o en cada huelga, pero también, milímetro a milímetro, en cada
fosa común, en la reparación de quienes dieron su vida por la libertad y la
justicia. Al cabo de unos meses se produce la siguiente exhumación en Orellana
la Vieja y otras familias comienzan a organizarse en Valle de la Serena, en
Quintana o en Medina de las Torres. El movimiento que naciera en la comarca de
la Siberia empieza a desplazarse hacia la comarca de la Serena, las Vegas o
Zafra.
En Valle de la Serena, un pueblo de poco más de 1.200
habitantes, se recogerán en marzo de 1979 los restos de 70 víctimas. La
iniciativa la ha tomado un grupo de familias, como en casi todos los casos, y
los jóvenes más combativos, muchos de ellos a caballo entre el pueblo y la
emigración. Luis Valor es uno de ellos, que por entonces trabaja, como Paco
Farina y tantos otros, en el País Vasco. “La iniciativa y el peso fundamental
lo llevaron las familias, los jóvenes jugamos más un papel de acicate”,
recuerda Luis.
O reforma continuista con el franquismo o ruptura
democrática, ese es el dilema que se dirime en cada artículo de la Constitución
o en cada huelga, pero también, milímetro a milímetro, en cada fosa común, en
la reparación de quienes dieron su vida por la libertad y la justicia.
En el Valle, a pesar de que no hubo ni una sola víctima
entre los vencedores durante la Guerra Civil, la represión había sido salvaje.
El 11 de agosto de 1938, tras el cierre de la Bolsa de la Serena, fusilaron al
último alcalde republicano y “las sacas” continuaron durante prácticamente un
año. Para mayor humillación, como relata Laura Muñoz en su tesis doctoral sobre
la represión franquista, “la ejecución fue celebrada posteriormente por los
perpetradores con una caldereta en un cortijo”.
La comisión organizadora de las familias y jóvenes
reconstruirán el listado completo con la fecha exacta del fusilamiento de cada
uno, exhumarán las cuatro fosas existentes y construirán el memorial. Pero para
ello tendrán que eludir la tremenda presión tanto de los grupos de ultraderecha
de la comarca como de las fuerzas de orden público. “La guardia civil se
presentó al segundo día a tratar de impedir la apertura de la fosa. Nos dijeron
que no se podía excavar. Nosotros le dijimos que no íbamos a parar, que sólo
había una forma de que parásemos, que es que hicieran con nosotros lo mismo que
hicieron en el 39, pegarnos un tiro. Y además que una parte del trabajo ya lo
tenían hecho, porque las fosas ya las habíamos abierto”, recuerda Luis
Valor.
A lo largo de 1979 se multiplica el número de pueblos que se
suman al movimiento: Barcarrota, Calamonte, Burguillos del Cerro, Quintana de
la Serena… En la finca El Almendral, de Oliva de Plasencia, se recuperan los
restos mortales de seis republicanos, entre ellos los últimos alcaldes de
Plasencia, Julio Durán, y de Malpartida, Pedro Mirón; los féretros recorren las
calles a hombros de familiares y militantes, acompañados de un silencio
sobrecogedor, que habla por sí solo. Los muertos negados, humillados durante
décadas, comparecen de nuevo y el pueblo se mira en su ejemplo de dignidad.
A lo largo de 1979 se multiplica el número de pueblos que se
suman al movimiento: Barcarrota, Calamonte, Burguillos del Cerro, Quintana de
la Serena… En la finca El Almendral, de Oliva de Plasencia, se recuperan los
restos mortales de los últimos alcaldes de Plasencia, Julio Durán, y de
Malpartida, Pedro Mirón.
La elección de los ayuntamientos democráticos estimula los
procesos de exhumación, pero las zancadillas y presiones de “las autoridades”
no cesan. La memoria quema y hay que apagarla como sea. Torremejía quizás sea
el mejor exponente de esa política de obstrucción y persecución. Allí se
produce la exhumación los días 16 y 17 de agosto: los restos mortales de 33
republicados fusilados en 1936 son trasladados al cementerio, a petición de los
familiares. El día 17 más de mil personas acompañan el traslado y homenaje en
el cementerio católico municipal, pero la sorpresa es que unos días después el
alcalde, Benito Benítez Trinidad, jornalero y militante de la Organización
Revolucionaria de Trabajadores (ORT) es denunciado por un concejal de UCD y, al
mismo tiempo, por el Gobierno Civil de Badajoz. Le acusan de “malversación de
caudal público”; el ayuntamiento, por acuerdo unánime, ha pagado diez jornales
con cargo al empleo comunitario para ayudar a las familias en las tareas de
exhumación y excavación de la nueva fosa. El juzgado, raudo en esta ocasión
como un lince, fija las responsabilidades subsidiarias del alcalde en 50.000
pesetas, pero como Benito no dispone de esa cantidad ordena que le sea
embargada una vaca, que es la única propiedad que detenta. Pero las familias y
el pueblo se revuelven y son ellos quienes asumen colectivamente la sanción.
El caso muestra la estrategia del poder político. Es el
gobierno civil directamente el que interviene y su objetivo es diáfano: hay que
disuadir por todos los medios a los promotores del movimiento, hay que evitar
que se siga expandiendo por toda la región y el país. El embargo de la vaca
forma parte de una pedagogía del abuso de poder, que puede parecer ridícula,
pero que resulta muy eficaz. Pero la condena al alcalde de Torremejía, además
de aviso para caminantes con principios, es al mismo tiempo un cortafuegos
dirigido contra los nuevos ayuntamientos democráticos y su potencia de
transformación. Dedíquense ustedes a arreglar las farolas y las calles y no se
metan en política, parece señalar la estrambótica sentencia. Dedíquense a la
gestión y olvídense de rupturas democráticas y antifascismo.
En coherencia, otra de las medidas que adopta el poder es
establecer requisitos más estrictos para lograr los permisos de exhumación de
las fosas: “Las autoridades exigieron algo muy difícil de demostrar: que al
menos un familiar de cada una de las personas que estaban enterradas respaldara
la solicitud de traslado de los restos (…) el exceso de trabas hizo que algunos
familiares, como en Siruela, decidieran trasladar los restos casi
clandestinamente, antes de la llegada de los permisos” (Paloma Aguilar).
El desasosiego de la memoria histórica es el desasosiego de
la Transición. El poder lo tiene claro: obstáculos administrativos, represión
política, silenciamiento mediático y “cultura del olvido”. Hay que clausurar el
pasado.
El desasosiego de la memoria histórica es el desasosiego de
la Transición. El poder lo tiene claro: obstáculos administrativos, represión
política, silenciamiento mediático y “cultura del olvido”. Hay que clausurar el
pasado. El 28 de noviembre de 1978, diez días antes del referéndum sobre la
Constitución, pretende reunirse en Madrid el Tribunal Cívico Internacional
contra los Crímenes del Franquismo, una iniciativa que pretende emular al
Tribunal Russell. Esa noche son detenidas en el Hotel Convención las diecinueve
personas que componen la junta promotora.
El triunfo del 23 de febrero: la suspensión de la memoria
A pesar de los impedimentos y de la estrategia de
ocultación, el movimiento se sigue propagando. Pero bajo la cada vez más atenta
mirada de la ultraderecha: En Navas del Madroño, el domingo de ramos de 1980 se
exhuman los restos de 68 vecinos, fusilados en enero de 1938 tras ser acusados
de formar parte del “complot de Máximo Calvo”, el jornalero y dirigente
comunista extremeño. Los vecinos de Navas están enterrados en una fosa común en
el cementerio parroquial de Cáceres.
El periodista Alfredo Grimaldos cubre la noticia para Interviú y
relata años después el ambiente de tensión de aquella fecha. “Cuando
finalizó la exhumación, los restos de todos los fusilados se guardaron en cinco
féretros, para trasladarlos hasta el pueblo. Al llegar la comitiva, los
paisanos gritaban y lloraban, olvidándose del miedo que aún les tenía
atenazados”. Grimaldos tuvo la idea poco feliz de acercarse a un bar
frecuentado por los fascistas en Cáceres para preguntarles su opinión: “La
barra estaba a la derecha y había un hueco en ella hacia la mitad del local,
pero no me dio tiempo a llegar hasta allí. Nada más entrar, alguien me puso una
pistola en la cabeza: -Vete de aquí, hijo de puta, ya sabemos quién eres. ¿Qué
coño vienes a hacer?”.
En Montijo será a finales de 1980 cuando comience la
exhumación de las fosas comunes, que se encontraban en su mayoría en el espacio
reservado al cementerio civil. “Quien nos informó de dónde estaban las fosas
fue Alonso Ruíz, el Vaquero. Una tía suya murió por aquellas fechas y la
fueron a enterrar por la caridad, en tierra. El enterrador, cavando, se
encontró con la fosa común”. Quienes así lo recuerdan son Fernando Cruz, su
hermano Rafa y Pedro Sánchez, trabajadores de la construcción y militantes
comunistas que participaron activamente en aquella y en todas las batallas de
la época por la dignidad.
La guerra civil en Zafra no fue un acontecimiento bélico,
sino una matanza, escribió José María Lama en La amargura de la memoria. Y otro
tanto, con igual rigor, podría decirse de Montijo y de tantos otros pueblos de
Extremadura.
“La guerra civil en Zafra no fue un acontecimiento bélico,
sino una matanza”, escribió José María Lama en La amargura de la memoria.
Y otro tanto, con igual rigor, podría decirse de Montijo y de tantos otros
pueblos de Extremadura. En Montijo, tomado por la columna de la muerte el 13 de
agosto de 1936, no se había producido ningún asesinato de personas de derechas.
Por el contrario, como recordaba recientemente Chema Álvarez en un estremecedor
artículo, la denominada Escuadra Negra asesinó a más de 120 personas de la
localidad. “Dos jerarcas falangistas montijanos trajeron de Badajoz la orden de
que había que fusilar al 1% de la población de Montijo para sembrar el terror”.
La Escuadra Negra, una sección de la Falange, con sus brigadillas de
ejecuciones, se encargaba de aplicar el pavoroso porcentaje. La localidad
contaba por entonces con 11.100 habitantes. Aquella escabechina, “bendecida por
la Iglesia, animada por el párroco y alentada por las autoridades ilegítimas
del momento, alcaldía y Guardia Civil” adquirió tales proporciones que un
terrateniente montijano les dijo: “vais a quedar el pueblo sin obreros para
trabajar la tierra”.
Fernando, Rafa y Pedro rememoran al alimón aquellos meses.
“Allí nos encontramos de todo. Dientes, relojes de cadena, peines de las
mujeres contra las liendres, hebillas, las gafas de Santiago Cea… Y un día,
empezaron a chorrear los “duros de amadeo”. Uno de los republicanos fusilados
había escondido de los fascistas las cuatro monedas…”. Todo aquel material, que
se guardaba en el ayuntamiento, desapareció misteriosamente a los pocos días. Y
además del robo, proliferaron las amenazas, que pretendían evitar que se consumara
la exhumación y el homenaje. Juan Carlos Molano, alcalde del PCE, recibió
varios escritos anónimos, depositados en su casa, amenazándole con seguir la
misma suerte si seguía empeñado en remover la historia. Bartolomé del Viejo y
otros concejales recibieron advertencias del mismo tenor. Pero, pese a todas
las intimidaciones, el 4 de enero de 1981, en un acto sencillo y emocionante,
los restos son trasladados a un Panteón Colectivo, bajo una frase que resume
con precisión el heroísmo de las víctimas: “Vivieron y murieron con dignidad
entregados a sus ideales”.
El 8 de marzo, quince días después del golpe de estado de
Tejero, Armada y demás bribones, es Villarta de los Montes quien entierra a sus
muertos. La ignominia de los fusilamientos se había prolongado en Villarta
hasta octubre de 1941. Fue entonces cuando mataron a Manolo Chaves, que había
cometido el gran delito de ser hermano de uno de los guerrilleros de la sierra:
“Quisieron hacer un escarmiento con él y dieron un bando obligando a todos los
vecinos, sin la menor excusa ni pretexto, a presenciar su muerte. Todos vimos
como con las manos atadas a la espalda uno de los caciques le ordenaba a
gritos: -¡Echa a andar que te vas a Rusia!» (Eduardo de Guzmán). Cuarenta años
después, una impresionante manifestación de duelo recorría los dos kilómetros
que separan la fosa común del cementerio municipal, trasladando los restos
humanos de 23 fusilados republicanos.
Juan Carlos Molano, alcalde del PCE, recibió varios escritos
anónimos, depositados en su casa, amenazándole con seguir la misma suerte si
seguía empeñado en remover la historia.
El golpe del 23 de febrero de 1981 lo cambió todo, también
para el naciente movimiento de la memoria histórica. A pesar de la apariencia
de fracaso, la intentona militar cumplía sus objetivos. La transición, tutelada
desde los cuarteles ya en su origen, se cerraba sin tocar las columnas
fundamentales del poder militar, policial, judicial o económico. La estafa se
completaría en los años siguientes. Como le gusta decir a Julio Anguita “el
poder del franquismo pasó la orilla del Jordán, se hizo demócrata, pero
continúo mandando”. El ingreso en la OTAN –primero, no se olvide- y en el
Mercado Común acababa por “normalizar” la situación: ya somos una democracia
homologable a las europeas, nos repiten machaconamente. Pronto llegarán los
tiempos felices del neoliberalismo y de la “beautiful people”. Y la memoria
pasará a convertirse en un lastre del que hay que deshacerse.
Todo está latiendo en la memoria
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble cabellera
y desamordazarte y regresarte.
(Miguel Hernández, Elegía a Ramón Sijé)
El impulso embrionario de la Transición se ralentiza hasta
prácticamente desaparecer. En 1985, en Plasencia, se lleva adelante la última
de las exhumaciones del período y habrá que esperar casi dos décadas para que
un nuevo movimiento recoja el testigo de la memoria histórica en Extremadura.
Por toda España han ido surgiendo, durante esos años, colectivos e iniciativas
similares, como el Foro por la Memoria, AGE o la Asociación por la Recuperación
de la Memoria Histórica. En octubre de 2000, tras la exhumación en Priaranza
del Bierzo (León), se inicia “un segundo ciclo, mucho más mediático que el
anterior y con un impacto social mucho mayor” (Paloma Aguilar). En Extremadura
no será hasta el verano de 2003 cuando se vuelva a abrir una fosa común, en
esta ocasión, una mina ubicada en la comarca de San Vicente de
Alcántara-Alburquerque.
En 1985, en Plasencia, se lleva adelante la última de las
exhumaciones del período y habrá que esperar casi dos décadas para que un nuevo
movimiento recoja el testigo de la memoria histórica en Extremadura.
El pueblo de Extremadura estuvo durante la Transición en la
vanguardia del movimiento de la memoria histórica en toda España. Junto a
Navarra es en estas tierras donde se produce el proceso de exhumaciones más
potente. Y, sin embargo, este hecho es desconocido para la inmensa mayoría de
la población, dentro y fuera de la región. ¿Cómo se explica este olvido, cómo
es posible que prácticamente nadie reivindique aquel movimiento popular?
Quizás tendríamos que buscar las respuestas en lo ocurrido
en Extremadura y en España durante las últimas décadas. “Cuando la gente pudo
por fin hablar y saber, se impuso desde arriba el gran pacto de silencio y
olvido. La memoria de los vencidos no existía, no debía existir para que la
Transición siguiera su curso”, escribió Francisco Espinosa, el historiador que
en mi opinión ha investigado de un modo más riguroso, tenaz y comprometido la
represión franquista.
