23 de junio de 2022 23:07h
Actualizado el 24/06/2022 11:44h
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Hoy la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente,
pero impulsarla cuando la muerte de Franco estaba reciente fue un auténtico
desafío. Quienes buscaron poner fin a la impunidad de los crímenes de la
dictadura en los tiempos en los que España estaba empezando a estrenar la
democracia se enfrentaron a obstáculos, presiones, amenazas o incluso
denuncias. Es lo que ocurrió en Torremejía, un pueblo de Badajoz marcado por la
represión franquista en el que impulsar la exhumación de la fosa común en la
que yacían los fusilados abocó a su primer alcalde democrático a un calvario
judicial en 1979, tras la denuncia de quienes se oponían a la reparación de las
víctimas.
Dos investigadores expertos en memoria histórica de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Paloma Aguilar y
Guillermo León, han rescatado la historia de Benito Benítez Trinidad en el
artículo Los orígenes de la memoria histórica en
España: los costes del emprendimiento memorialista en la Transición,
publicado en la revista Historia y Política. Los expertos han
accedido por primera vez al expediente judicial y al archivo municipal y han
recopilado testimonios para retratar un caso cuya relevancia trasciende al
ámbito local y sirve para ilustrar los límites con los que se encontraba
entonces lo que hoy llamamos memoria histórica.
Este tipo de acciones “se produjeron casi
exclusivamente” a pequeña escala y gracias al empeño de los familiares, que
solían conocer dónde estaban enterrados los asesinados. “Pensaron que era su
momento y que con la aprobación de la Constitución, el sistema sí les daría una
respuesta”, cuenta León. Pero se toparon con un escenario de “hostilidad” por
parte de los sectores profranquistas y de “indiferencia” social e
institucional. “Las Administraciones no eran sensibles a ello, así que las
medidas de reparación que se llevaron a cabo fueron escasas y fragmentadas”,
añade.
Ni siquiera formó entonces parte de las agendas de los
partidos y sindicatos de izquierdas. “Se marginó de las estrategias políticas a
nivel provincial y nacional, pero en esos momentos el PSOE, el PCE o la ORT
(Organización Revolucionaria de Trabajadores) estaban trabajando sobre el
terreno para construir candidaturas municipales, así que muchas familias se les
acercaban en los pueblos para preguntarles por sus padres, sus hijos, sus
tíos...”, explica el experto.
En la práctica, las iniciativas acabaron dependiendo
de “la determinación” de alcaldes, concejales e incluso sacerdotes gracias al
acercamiento local con las familias. Aunque no sin costes. A veces, como
ocurrió en Motril, se llegaron a suspender funerales en honor a las víctimas
debido a las presiones y algunas publicaciones como Cuadernos para el Diálogo llegaron
a recibir amenazas por publicar reportajes sobre el tema. “En muchas ocasiones
los pioneros de la memoria histórica sufrieron presiones, amenazas y acciones
intimidatorias”, resume el artículo, que pone el foco en que la extrema derecha
lo que quería evitar era “que se mancillara la versión de la historia ofrecida
por el franquismo”.
Un largo proceso judicial
A Benito Benítez Trinidad hacerlo le valió una
denuncia y un largo proceso judicial instrumentalizado con fines políticos, lo
que hoy llamaríamos lawfare. “Hay que tener en cuenta que se trataba
de un contexto local donde la derecha se veía desplazada del poder que había
detentado durante décadas y quien lo ocupaba era un jornalero. Esto en un
ámbito rural donde las diferencias sociales estaban muy marcadas generaba
impotencia entre los sectores conservadores”, explica León.
Militante de la ORT, un partido marxista ya
desaparecido, y hasta entonces obrero agrícola, Benítez fue elegido alcalde de
Torremejía con 30 años en las primeras elecciones democráticas, en 1979. El
pueblo, eminentemente agrícola y marcado por el recuerdo traumático de la
represión franquista, votó en esos comicios mayoritariamente a la ORT, seguida
de la UCD, el PSOE y el PCE. Se conformó una corporación heterogénea que dio
lugar a momentos tensos e intentos de mociones de censura contra el alcalde.
Pero el momento más convulso llegó con la petición de
los familiares de los represaliados de abrir la fosa clandestina situada en una
calle del cementerio por la que la gente pisaba al pasar. Llegaron a ser 40
asesinados, según ha contabilizado el historiador Francisco Espinosa, aunque en
el mausoleo que se erigió para albergar los restos figuran 33 nombres. El
momento lo recuerda Ángel Calle, entonces concejal en Mérida y dirigente de la
ORT: “Una serie de mujeres se enfrentaron al alcalde y a mí y nos plantearon
que teníamos que sacar a sus padres. El sepulturero del viejo cementerio
municipal nos dijo la ubicación porque sabía de memoria dónde estaban [...] Y
decía a la gente: 'aquí está tu padre', 'aquí, tu tío', 'aquí, tu abuelo'”.
Según consta en el artículo, Benítez no lo dudó y lo
llevó al pleno del 28 de julio de 1979. Menos de un mes después, Torremejía
llevaría a cabo la exhumación. Los restos se introdujeron en sacos de plástico
y el acto de traslado se produjo en forma de cortejo sin banderas de partidos,
según el informe que elaboró la Guardia Civil. Algunos medios se hicieron eco
del hecho llegando a destacar el carácter multitudinario del acto. Los
testimonios recogidos por los investigadores confirman que se vivieron momentos
“de emoción” y “dolor” y que aquellos días la atmósfera en el pueblo era
“tensa”. Tanto que aparecieron varias pintadas con amenazas e injurias al
alcalde, que en una ocasión llegó a ser agredido e insultado por varios
militantes de derechas.
Estas acciones no tuvieron repercusión judicial, pero
sí lo tuvo la exhumación, a raíz de dos denuncias presentadas por el gobernador
civil de la provincia y el concejal de UCD en Torremejía, médico y jefe local
de Sanidad, Julián Membrillo Bote. No eran “dos actores cualquiera”, sino
figuras “relevantes” desde el punto de vista sociopolítico, añade el artículo.
Tras meses de instrucción, el 25 de enero de 1980, el juez emitió un auto de
procesamiento contra Benítez en el que le imputaba dos delitos: uno contra la
salud pública por no haber pedido permiso a la Jefatura de Sanidad y otro por
malversación de caudales públicos, acusado de utilizar para la exhumación a
trabajadores del Empleo Comunitario, una fórmula de empleo transitorio en obras
financiadas por el Estado que rigió hasta 1983 para paliar el paro agrícola.
El apoyo del pueblo
El juez le impuso además una fianza de 50.000 pesetas,
pero al no tener la cantidad ni disponer ni siquiera de vivienda en propiedad,
la justicia solo pudo embargarle una de las dos vacas que tenía la familia.
Aunque ahora puede resultar algo “cómico”, destaca la investigación, fue en su
momento un suceso traumático porque eran los únicos bienes que poseían. De
hecho, su hijo Antonio sigue acordándose del momento en el que las autoridades
se llevaron al animal de su casa. Sin embargo, el pueblo “se volcó” en la causa
judicial e hicieron una colecta de “bonos de ayuda” de 100 pesetas para
desembargar la vaca, algo que consiguieron.
El caso fue muy sonado, publicado en medios nacionales
como El País e incluso llegó al Congreso de los Diputados,
donde el entonces diputado de Euskadiko Ezquerra, Juan María Brandés, interpeló
al Gobierno para que, en caso de condenarse a Benítez, se tramitara
“inmediatamente” el indulto. Finalmente, el alcalde fue absuelto el 19 de junio
de 1980, casi un año después de la exhumación. Consideró el juez que no había
cometido los delitos que se le imputaban: “El de la salud pública no se
sostenía porque llevaban más de 40 años enterrados. Por otro lado, varios
trabajadores del Empleo Comunitario testificaron que nadie les había ordenado
hacer la exhumación, algunos incluso eran familiares de enterrados. Aun así,
las actividades encajarían con lo que hacían” estos empleados, resume León.
A esto se sumaba la presión social del pueblo y la
repercusión que llegó a tener, lo que empezó a poner el foco en que “lo que se
dirimía realmente era una cuestión de orden moral y no jurídica”, remacha el
experto, que apunta a cómo el “tormento judicial” que afrontó el alcalde se
constituyó como un “efecto disuasorio” de acciones parecidas. Benítez acabó
siendo alcalde de Torremejía durante casi 25 años con diferentes formaciones
políticas: de la ORT pasó a IU y después al PSOE, hasta 2003. Falleció en 2013,
con 64 años.
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